Los cerveceros artesanos piden al Gobierno que aplique la normativa y dé un paso adelante bajando los impuestos especiales al sector.
La Comisión Europea amenaza con denunciar a España ante la justicia europea. El motivo: nuestro país no está facilitando a los productores de alcohol artesanales el acceso a tipos reducidos de impuestos especiales en toda la Unión Europea, tal y como dicta la legislación comunitaria. Así, Bruselas ha dado dos meses a España para enmendar este incumplimiento normativo con los pequeños productores de bebidas alcohólicas y, de no hacerlo, elevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El dictamen fue puesto en conocimiento de nuestro país el miércoles 19 de abril y, en él, Bruselas señala a España por no haber notificado las medidas de transposición de las nuevas normas de la UE, que modifican la directiva sobre la armonización de las estructuras de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas.
La nueva legislación establece un sistema de certificación comunitario para los pequeños productores y productores artesanales de alcohol que facilita su acceso a tipos reducidos de impuestos especiales en toda la UE. Aún así, cada Estado no está obligado a rebajar estos tributos, pero sí debe encargarse de certificar a cada uno de los productores independientes conforme a los requerimientos fijados por Bruselas, o bien, permitir su propia autocertificación.
De momento, no obstante, nuestro país no ha traspuesto la legislación al código nacional, lo que imposibilita a las marcas certificar su condición de productor independiente y acogerse a impuestos especiales más reducidos, ya sea en el país de producción –no es el caso de España– o a la hora de exportar donde estos tributos sí se vean aminorados.
Los productores artesanos, preocupados
Pese a los retrasos del Ejecutivo, la transposición de la directiva beneficiará a miles de productores artesanos de bebidas alcohólicas. En este sentido, destilerías independientes de Liébana, como Picos de Cabariezo, han trasladado a este medio su expectación ante la aplicación de la nueva normativa europea. No obstante, reconocen no tener “ninguna esperanza” en que el actual Ejecutivo aplique rebajas de impuestos especiales al sector, lo que achacan a la “voracidad recaudatoria” de la Administración y al hecho de que el alcohol ya goza de una tributación más laxa que nuestros socios europeos, especialmente en lo relativo al vino.
Caso similar viven los cerveceros. En este sentido, la Asociación Española de Cerveceros Artesanos Independientes (AECAI) traslada a Libre Mercado que la posibilidad de ofrecer una certificación a los pequeños productores reportaría importantes ventajas, por lo que apremian a la Administración a poner en funcionamiento la normativa.
En primer lugar, AECAI estima que poner en marcha el mecanismo de certificación no supone un gran esfuerzo regulatorio ni operativo para las autoridades, y que este permitiría a los productores exportar sus productos en mejor condición, ya que los compradores en el país de destino pasarían a abonar el impuesto especial reducido.
Algo más complicado ven los cerveceros artesanos que el Gobierno opte por reducirles en España el tributo sobre las bebidas alcohólicas, aunque tienen varias razones para reivindicar que así suceda: en primer lugar, porque “la propia UE lo recomienda” en su directiva; en segundo lugar, porque el impacto recaudatorio sería “ridículo, de menos de un millón” de euros, pero con la posibilidad de beneficiar a la mayoría de las cerveceras, que son de pequeño tamaño; en tercer lugar, porque nuestro país es de los pocos, junto a Suecia, que aún no aplica un tipo especial reducido sobre los pequeños productores; y por último, porque el sector está atravesando una “dramática” situación tras la pandemia por las subidas de costes y las tensiones en la cadena de suministro.
De esta forma, señalan que este es el momento idóneo para aplicar la reducción, máxime cuando las administraciones hablan del “manido” mensaje de apoyar a los pequeños emprendedores.
Más de un año de retraso
El plazo que tenían los Estados miembros para transponer la modificación de la directiva concluyó el 31 de diciembre de 2021 y, en enero de 2022, la Comisión envió cartas de aviso a once Estados miembros, entre ellos España, porque no habían adaptado aún la norma a la legislación nacional.
Pero el Ejecutivo español parece no tener excesiva prisa en permitir a los productores artesanales de bebidas alcohólicas beneficiarse de ventajas fiscales, y hasta la fecha no ha notificado ninguna medida de transposición a la Comisión. Así que, ahora, Bruselas decide tomar cartas en el asunto y da a España un último plazo de dos meses para cumplir con esta obligación y notificárselo a las autoridades europeas o, de lo contrario, el Ejecutivo comunitario remitirá el asunto al TJUE.