El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha logrado sacar adelante en la Asamblea de Madrid la Ley de Mercado Abierto, uno de sus compromisos de legislatura en virtud del cual empresas, bienes y servicios españoles que quieran operar en la región puedan hacerlo sin tener que solicitar licencias adicionales a las de sus lugares de origen.
Una nueva legislación que ampliará el tejido empresarial madrileño y que, según las estimaciones de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, atraerá, en el medio y largo plazo, aproximadamente 50.000 nuevos empleos y provocará un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) de la región de 1,6 puntos.
La nueva norma del Ejecutivo de Ayuso ha sido aprobada este jueves en el Parlamento Autonómico con los votos a favor de PP y Vox tras superar las enmiendas a la totalidad y el debate de enmiendas parciales.
Se trata de uno de los compromisos de la presidenta madrileña recogidos en el acuerdo de investidura y con el que se quiere «avanzar hacia una mayor liberalización normativa y mejorar la competitividad empresarial», según apuntan desde el departamento que comanda el consejero Javier Fernández-Lasquetty.
De esta forma, todo profesional que desarrolle su actividad empresarial en cualquier comunidad autónoma de España podrá ejercerla también en la Comunidad de Madrid, siempre y cuando cumpla con los requisitos normativos de acceso y ejercicio de la actividad de su territorio de origen.
También será de aplicación a los productos que se comercializan en el Estado y que, con esta Ley, podrán circular libremente sin trámites adicionales a los que ya hayan realizado.
De esta manera, la Consejería pone como ejemplos que «las empresas de mudanza que operan en Valencia o Zaragoza no necesitarán inscribirse en el Registro de Empresas del sector de la Comunidad de Madrid o un pequeño negocio de Albacete, dedicado a la gestión de residuos de la construcción, ya no tendrá que solicitar una nueva licencia».
Asimismo, esta iniciativa recoge el compromiso del Ejecutivo madrileño por suprimir regulación propia en aquellos casos en los que los requisitos de acceso a la actividad sean mayores que los de otras Comunidades Autónomas.
Además, con esta medida el Gobierno «da un paso más en la eliminación de trabas regulatorias, una de sus prioridades para atraer inversiones, y actúa en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea para garantizar la unidad de mercado».
«La Ley no solo contribuirá de forma eficaz a la simplificación administrativa, sino que potenciará la llegada de inversiones y ayudará a impulsar la actividad económica», celebran desde el Gobierno madrileño.