El Comité Nacional del Transporte por Carretera, en su departamento de Mercancías, ha anunciado este miércoles la convocatoria de tres días de cese de actividad, entre el 20 y el 22 de diciembre, justo antes de la Navidad, en protesta por «el estado de abandono» por parte del Gobierno socialcomunista a un sector castigado por la crisis, la subida de los carburantes o por la falta de mano de obra.
A pocos días de las fiestas navideñas se puede producir un colapso ante la falta de suministro de diferentes tipos de productos. La crisis logística ya se está produciendo a nivel mundial, pero un paro en el transporte por carretera sería un duro golpe para la economía en una España todavía en recuperación.
El comité ha explicado que, tras varios años de negociación alrededor del paquete reivindicativo, con temas como la prohibición de que los conductores realicen la carga y descarga de los camiones, la no implantación de Euroviñeta, la aplicación obligatoria de la cláusula de revisión del coste del combustible y la construcción de áreas de descanso seguras para los profesionales, la paciencia del sector se ha agotado.
A ello se suma «la absoluta falta de sensibilidad» por parte de sus clientes en la presente coyuntura económica, quienes «se aprovechan de la posición de dominio que le concede la vigente regulación del contrato de transporte de mercancías por carretera, que está provocando incluso un enorme problema de falta de conductores profesionales, ante el trato degradante e inhumano en las condiciones en las que realizan su trabajo».
El comité ha señalado, en un comunicado, que, por todo ello, «se ve obligado» a convocar unos días de cese de actividad, entre las 00:00 horas del día 20 de diciembre y las 00:00 horas del 22 de diciembre, conflicto que sólo podría evitar «un cambio radical y urgente» por parte de Gobierno y clientes.
Negativas por parte del Gobierno
Una de las piedras en el camino de la negociación entre el sector de los transportistas y el Gobierno ha sido la del pago de una tasa por el uso de las autovías. La secretaria de Estado de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, aseguró en octubre que es «imperativo» el pago de una tasa por el uso en las autovías españolas y apeló a «no aplazarlo más». Unas afirmaciones que incumplían la promesa hecha por su antecesor, Pedro Saura, al colectivo de transportistas y camioneros de no imponer peajes en las autovías hasta alcanzar un consenso con el sector. Algo que hasta el momento no ha ocurrido.
Raquel Sánchez, titular de Transportes dijo que «la previsión es poderlo presentar en unos meses, hay un compromiso también con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que nos sitúa en un plazo máximo de inicio del 2024 y, por lo tanto, después de este diálogo y de ese consenso que queremos obtener, no queremos demorar la aplicación de ese sistema». «Tenemos al menos este margen para poderlo aplicar y estamos trabajando para poderlo anunciar y sobre todo que sea conocido, para también la tranquilidad de los sectores principalmente afectados», continuaba la ministra.
Unos sectores afectados que no están para nada tranquilos. Por un lado, el ministerio ha incumplido de la promesa de contar con su consenso para sacar adelante esta fórmula de pago por uso, algo que no ha ocurrido. Y por otro, el sistema de peajes que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez incrementa de manera exponencial la carga fiscal de los camioneros y transportistas, lo que reduce la competitividad de las empresas españolas de trasporte de mercancías.